Endosulfan-Paraguay

NO al endosulfán, ¿Sí a los transgénicos?

La eliminación del plaguicida endosulfán, una de las principales demandas de RAP-AL, fue recientemente acogida en Paraguay por el gobierno de Fernando Lugo, elevando a 73 el número de países que ha prohibido el uso de este peligroso principio activo. La medida fue anunciada por el ingeniero agrónomo Miguel Lovera, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) durante el Seminario Internacional "Plaguicidas Muy Peligrosos, Obsoletos y Hacia la Eliminación del Endosulfán", realizado el jueves 4 de noviembre de 2010 en el Salón Bicameral del Congreso Nacional de Paraguay. El encuentro, organizado por ALTER VIDA (RAP-Paraguay) con el apoyo de diversas organizaciones e instituciones de ese país, contó con la presencia del Ministro del Ambiente y otras autoridades del Ministerio de Agricultura, además de los representantes de RAPAL en diversos países de la región y numeroso público especializado. La prohibición de usar endosulfán en cultivos hortícolas y frutales comenzó a regir de inmediato en Paraguay, aunque la medida se aplicará en forma gradual. La Resolución Nº 635 del SENAVE (1), del 2 de noviembre de 2010, suspende la emisión de nuevos registros y la importación al país de productos técnicos y formulados a base de endosulfán, en todas sus concentraciones, a partir del día siguiente de su publicación. La suspensión comprende también la fabricación y exportación del endosulfán, "teniendo en cuenta que es un insecticida altamente tóxico para la salud humana y animal, para las plantas y el medio ambiente".

Entre otras consideraciones, el SENAVE hace presente la recomendación de incluir este plaguicida en el anexo III del Convenio de Rotterdam (PIC) y el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El uso del endosulfán se suspenderá gradualmente en los cultivos extensivos en el plazo de 2 años, a partir de la puesta en vigencia de la resolución,pero las aplicaciones aéreas fueron prohibidas de inmediato. Cumplido el plazo de 2 años, "los productos a base de endosulfán deberán ser recolectados, desactivados o destruidos, corriendo los costos por cuenta del registrante y/o importador". El SENAVE se reserva el derecho a autorizar casos específicos de adquisición de estándares analíticos de este principio activo, para fi nes exclusivos de uso en laboratorios. El endosulfán se ha aplicado preferentemente en el cultivo de soja, que es la mayor plantación de granos de Paraguay. De acuerdo con cifras del año 2010, en 2.680.182 há de cultivos de soja se aplicaban anualmente 3.216.218 litros de este insecticida. Hasta ahora el endosulfán se vendía libremente en más de 20 formulaciones comerciales diferentes y se usaba sin restricciones.

Daño celular por plaguicidas

Según las estadísticas ofi ciales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, el año 2007 se registraron 370 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, 40 casos más que el año anterior. Por otra parte, investigaciones más recientes han demostrado otros daños provocados en la población. Un estudio publicado en la Revista Pediatría (2) demostró la existencia de daño celular en niños expuestos a agrotóxicos (3).Participaron en esta investigación 48 niños potencialmente expuestos a plaguicidas y 46 niñosno expuestos. Los investigadores analizaron muestras de la mucosa bucal para determinar si había daño en el material genético a través de la frecuencia de micronúcleos. Como resultado, en el grupo potencialmente expuesto a agrotóxicos se encontró una media mayor de micronúcleos y de células binucleadas, como también mayor frecuencia de fragmentación nuclear (cariorrexis) y picnosis, procesos típicos de células necróticas (muertas), lo que se relaciona con el daño producido por los plaguicidas. Otras investigaciones ya aportaron evidencias preliminares de que la frecuencia de micronúcleos en linfocitos de la sangre periférica constituye un marcador biológico que predice el riesgo de cáncer en una población de personas sanas. En este estudio, los niños potencialmente expuestos a los plaguicidas eran alumnos saludables de una escuela de la ciudad de Ñemby, situada a 50 metros de una fábrica de agrotóxicos de la empresa Chemtec S.A.E. Los niños no expuestos también eran alumnos saludables de la ciudad San Lorenzo, ubicada a 5,5 kilómetros de la primera escuela. No existe otra fábrica de venenos en las proximidades de ambas escuelas. Se consideraron "potencialmente expuestos a plaguicidas" los niños que frecuentaban la escuela de Ñembly durante 4 horas diarias 5 días a la semana, por un periodo de 6 años. Esta nueva evidencia del grave daño que ocasionan los agrotóxicos impulsa a redoblar los esfuerzos para que otros plaguicidas sigan el mismo camino que liberará a Paraguay de los peligros del endosulfán.

Apertura a los transgénicos A diferencia de la entusiasta aprobación con que organizaciones sociales y no gubernamentales

recibieron el anuncio de la eliminación del endosulfán, hubo una tajante condena ciudadana a otra resolución proveniente directamente del Ministerio de Agricultura, que abre nuevos espacios para la introducción de cultivos transgénicos. La presión de las transnacionales se impuso y el gobierno decidió permitir los "ensayos regulados" sin necesidad de obtener una licencia ambiental. Las organizaciones señalan en el comunicado: "Manifestamos nuestra preocupación con respecto a esta resolución, ya que estaría atentando contra la institucionalidad ambiental, condición imperativa en un Estado de Derecho. La misma estaría violando el derecho a un ambiente sano garantizado en los artículos 7 -Del Derecho a un Ambiente

Saludable y el articulo 8.1- De la Protección Ambiental, consagrados en la Constitución Nacional, violando el principio de precaución, la exigencia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado por la Ley Nº 2.309/2003 de nuestro país, además del derecho de los pueblos indígenas de decidir su desarrollo y los procesos de consulta obligatorios por parte del Estado Paraguayo consagrado en la Ley 234- 93. Ratificamos nuestra postura de rechazo a la liberación de los organismos genéticamente modifi cados, fundado en los impactos que su aplicación podría generar en la salud humana, el ambiente, la agricultura y en la cultura de los pueblos".

En el comunicado se especifican los principales riesgos que representan los cultivos transgénicos: contaminación genética (de variedades tradicionales por polinización) cancelando la opción por la agroecología y la agricultura orgánica, contaminación del suelo (toxina Bt), pérdida de la biodiversidad de los agroecosistemas, y desarrollo de resistencia en insectos y hierbas no deseadas.

También se señala que no se ha constatado que los cultivos transgénicos tengan mejores rendimientos, pero sí se ha comprobado que generan dependencia de los agricultores hacia un puñado de transnacionales, además de desplazamiento de plantas locales por la proliferación de cultivos transgénicos; reducción y hasta pérdida de organismos benéficos del suelo; daños al equilibrio ecológico y a la biodiversidad, como por ejemplo reducción en las especies de fl ora y fauna; y mayor contaminación del agua. Asimismo, se denuncian altos riesgos a mediano y largo plazo por los organismos transgénicos presentes en la alimentación; el desarrollo de resistencia a los antibióticos (que se utilizan como marcadores en los OGM); inexistencia de un monitoreo adecuado de los alimentos (ya que no se exige el etiquetado de los productos transgénicos); control de la alimentación mundial por parte de unas pocas empresas y, al no existir un ordenamiento territorial de la producción, generación de confl ictos en el campo.

Por último, se afi rma que la extensión de cultivos transgénicos produce mayor presión sobre los territorios y tierras indígenas, con consecuencias culturales y para la seguridad y soberanía alimentaría, como también pérdida del germoplasma y fomento de las patentes de semillas y seres vivos. Junto con exigir respeto a la institucionalidad ambiental y a las comunidades campesinas e indígenas, las organizaciones solicitan la derogación de la Resolución Nº 2.128 y "una moratoria para los eventos que se quieren liberar, como por ejemplo el maíz MON 810, entre otros, hasta que se cuente con un marco jurídico superior a la Resolución Nº

2.128, que constituya una garantía en términos de Bioseguridad y donde la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) participen en igualdad de condiciones para la toma de decisiones". Firman este comunicado la Asociación de ONGs del Paraguay (POJOAJU); Red Rural; Red de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales del Paraguay (ROAM); Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA); Tesai Reka Paraguay (TRP); Pastoral Nacional Campesina; Mesa de Desarrollo Sostenible; Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP); Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA); Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI); Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI); Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDESPI) y ALTER VIDA (RAP-Paraguay).

Notas:

(1) Resolución Nº 635 del SENAVE http://www.senave.gov. py/docs/resoluciones/senave/Resolucion%20Nº_635_Prohibición% 20Endosulfan.pdf

(2) Órgano ofi cial de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Volumen 37, Nº 2 del 2010.

(3) Daño celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticidas. Benítez-Leite S, Macchi ML, Fernández V, Franco D, Ferro EA, Mojoli A, Cuevas F, Alfonso J, Sales L.

Más informaciones: Altervida Hebe González comercial@altervida.org.py